El gobernador de Puebla, Alejandro Armenta, afirmó que durante más de una década el estado fue utilizado como un “laboratorio de corrupción”, donde a través de esquemas financieros como las Asociaciones Público-Privadas (APP) y los Proyectos de Prestación de Servicios (PPS) se institucionalizó el saqueo de recursos públicos.
Durante una evaluación sobre el estado financiero heredado, el mandatario señaló que miles de millones de pesos fueron comprometidos por gobiernos anteriores, dinero que debió destinarse al campo, la educación, la seguridad pública y la infraestructura carretera, pero que terminó atado a contratos lesivos para Puebla.
“Da vergüenza que se llegue a un cargo público para realizar un saqueo brutal. No vamos a encubrir ni a omitir responsabilidades; vamos a actuar conforme a la ley”, expresó Armenta.
Puebla enfrenta una deuda oculta por contratos APP y PPS
El gobernador explicó que mediante contratos firmados hace más de diez años, Puebla quedó obligada a realizar pagos durante décadas, comprometiendo el presupuesto estatal y generando lo que hoy se conoce como deuda oculta.
Un ejemplo de ello fue el Museo Internacional del Barroco, cuyo contrato fue resuelto por la actual administración mediante un pago de 2 mil millones de pesos, lo que permitió un ahorro histórico de más de 8 mil millones de pesos al cancelar pagos futuros.
89 litigios y más de 5 mil 500 millones de pesos en demandas
El coordinador de Gabinete, José Luis García Parra, informó que al inicio de la actual administración se encontraron 89 litigios activos relacionados con obra pública, prestación de servicios, arrendamientos y facturación, con un monto total que supera los 5 mil 500 millones de pesos.
De estos casos, 29 ya cuentan con sentencia firme, lo que representa una obligación de pago superior a mil 500 millones de pesos para el estado.
Entre los contratos más costosos se encuentra el del Centro Integral de Servicios (CIS), que vence en 2037. Hasta ahora se han pagado más de 2 mil millones de pesos, y solo en 2026 el estado deberá cubrir 259 millones de pesos más.
En el caso de Agua de Puebla, García Parra explicó que una terminación anticipada del contrato implicaría una indemnización cercana a los 7 mil millones de pesos.
Fin al saqueo y recuperación de Puebla
Las autoridades estatales aseguraron que no existe persecución política, sino una estrategia legal para defender el patrimonio público y evitar que empresas o exfuncionarios continúen beneficiándose de contratos que dañan las finanzas del estado.
“Vamos a pasar de la deuda oculta y el saqueo a la reconstrucción y recuperación de la grandeza de Puebla”, concluyó García Parra.
La administración de Alejandro Armenta busca con estas acciones liberar recursos públicos para destinarlos a salud, educación, seguridad e infraestructura, sectores que durante años resultaron afectados por los compromisos heredados.
