La Fiscalía General del Estado logró acreditar la responsabilidad del hoy sentenciado, quien además deberá pagar multas económicas y la reparación del daño integral.
En un fallo contundente contra la violencia de género y los delitos de alto impacto en la entidad, las autoridades judiciales del estado dictaron una sentencia condenatoria de 45 años de prisión en contra de Mauricio «N», tras demostrarse plenamente su culpabilidad en el feminicidio de quien fuera su pareja sentimental.
La resolución se obtuvo gracias al sustento probatorio presentado por la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos de Violencia de Género contra las Mujeres, dependiente de la Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE).
Las investigaciones: Pruebas científicas y testimonios
El proceso penal en contra de Mauricio «N» se derivó de los hechos ocurridos al interior del municipio de Puebla, donde el hoy sentenciado agredió físicamente a la víctima hasta privarla de la vida, intentando evadir su responsabilidad en un primer momento.
Sin embargo, a través de la integración de la carpeta de investigación, la representación social recopiló las pruebas técnicas, científicas y testimoniales necesarias que echaron abajo las versiones de la defensa. Entre los puntos clave que fundamentaron la condena destacan:
- Dictámenes Periciales: Estudios forenses y de medicina legal que determinaron la causa exacta de la muerte y acreditaron los rasgos de violencia de género.
- Reparación del Daño: Además de la pena privativa de la libertad de 45 años en el centro de reinserción social, el juez de la causa impuso el pago de una multa económica obligatoria y un monto destinado a la reparación integral del daño a favor de los deudos de la víctima.
Cero tolerancia a la violencia de género en Puebla
Con esta sentencia, la Fiscalía de Puebla reafirmó su compromiso institucional de investigar con estricta perspectiva de género todos los delitos que atenten contra la integridad física y la vida de las mujeres en el estado, buscando aplicar las penas máximas contempladas en el código penal local.
Colectivos y organizaciones civiles de la entidad señalaron que, aunque ninguna sentencia devuelve la vida a las víctimas, la aplicación de penas severas representa un paso indispensable para abatir los índices de impunidad y enviar un mensaje claro de cero tolerancia ante los agresores.
